La seguridad del Siglo XXI
Imprimir | EnviarPocos sectores económicos con tan grande y creciente importancia son tratados de forma tan tangencial por los analistas económicos como el de la seguridad. Incorporada de forma tímida en el siglo XIX al catálogo de los derechos y libertades públicas del naciente Estado de derecho, la mayor parte de las Constituciones del XX deberán ser reformadas si quieren tener en cuenta el lugar relevante que los ciudadanos otorgan a esa certeza de gozar de un entorno que no sólo sea seguro desde un punto de vista institucional (la paz social) o jurídico (la previsibilidad en la actuación del poder público y la capacidad del individuo común de reaccionar frente a ella); poco a poco se ha ido exigiendo que la seguridad pública en general (desde la seguridad viaria a la sanitaria) y la ciudadana en particular (la criminalidad común, para entendernos) también sean garantizadas. Y más allá de ello, que la seguridad de los entornos materiales (infraestructuras en general, las laborales de forma especial) acabe construyendo lo que en el ámbito de la seguridad privada desde hace tiempo se conoce como seguridad integral.
Al crecimiento de esa demanda coadyuvan sin duda unos medios de comunicación que en general tienden a hacer noticia la excepcionalidad, de modo que la percepción de inseguridad es mayor que la inseguridad en sí. Por ejemplo, aunque el número de accidentes de tráfico en general no aumenta de forma relativa al creciente parque móvil y aunque los conductores que se exceden temerariamente de la velocidad permitida no sean proporcionalmente los que mayor número de accidentes provocan, reflejar su existencia en los medios aumenta la alarma frente a los mismos, la demanda de seguridad, y, en consecuencia, la necesidad de desviar contingentes excesivos de policía hacia ese tipo de infractores, estén donde estén.
También acotar dentro de unos límites más o menos discutibles ciertos derechos, como el de manifestación, asegurando otros cuyo contenido es también difuso, como el de circulación, provoca paradojas, del estilo de que centenares de policías tengan que apostarse en las estribaciones de una de las vías circunvalatorias de Barcelona, obviando otros cometidos y encareciendo el presupuesto teóricamente asignado a esa partida de la seguridad. Bien es verdad, como advertiría alguno, que amén de la operación de imagen que ello supone, alguien habrá calculado que una retención mastodóntica de tráfico supone también un coste económico, pero permítame el lector que lo dude, entre otras cosas, por lo complicado de la operación (no sólo de gasolina y tiempo se nutre el coste).
Lo que sí pone de manifiesto un conflicto como ese, o como el que desvía recursos hacia un objetivo parcial (un cordón policial enorme para detener al mediático “Dieguito”) es que la ciudadanía requiere seguridad y los poderes A pesar de la concepción paternalista (o maternalista, mejor dicho) que caracteriza el Estado social de Derecho y que pretende
En esa seguridad “a secas”, sin embargo, existen además múltiples distinciones realizables. Yo me inclino por una primera clasificación entre la seguridad pública y la seguridad privada, entendiendo siempre aquella primera como la paulatina asunción por parte del Estado de la competencia para crear la sensación de tranquilidad, de no injerencia, en sus ciudadanos, de modo que en tal concepto entrarían tanto la seguridad exterior (frente a una invasión), como la interior del Estado, y en ésta última, a su vez, conceptos tan distintos como el orden público (la paz institucional, por decirlo de algún modo, con sus modos de represión de la insurrección o la revolución) y la seguridad ciudadana. Ni que decir cabe que en todas ellas y como materias susceptibles de tratamiento diferenciado, dependiendo del agente que la provocase, deberían recordarse conceptos como la seguridad alimentaria, la sanitaria, etc. De ese modo una intoxicación alimentaria tendría una consideración distinta si fuese provocada por una negligente manipulación de los alimentos, o por una acción de terrorismo industrial.
Sea como sea, frente a esa seguridad pública y como verdadero origen de su existencia nos encontramos con el ámbito de la seguridad privada. Los seres humanos prevén entornos hostiles y toman medidas de seguridad frente a ellos, medidas que pueden ir desde la instalación de una alarma hasta la compra de una pistola, lo que no hace más que recordarnos que en el origen toda la seguridad fue privada y que, desde ahí y en razón de la voluntad estatal de ser, se ha fraguado ese monopolio de la seguridad pública que ha ido reservando a las instituciones múltiples aspectos del deseo humano de certeza sobre su propia integridad, desde la persecución del delito por la policía hasta el monopolio judicial en la aplicación de las normas punitivas que el Estado, y sólo él, puede generar.
Cada tipo de seguridad tiene sus profesionales, o debería tenerlos. La seguridad pública exterior se confía a unas fuerzas armadas, profesionalizadas desde hace tiempo, pero que, recuérdese, en origen más que una profesión era la obligación de un colectivo de personas vinculadas al imperium de un señor. Es obvio que en la profesionalización se ha adquirido rigor y cualificación técnica, pero salvando los supuestos (que no tienen por qué ser escasos) de la vocación, en el camino se ha perdido la pasión que en ciertos cuerpos (los caballeros, sin ir más lejos) hubiera podido ser el motor de una actividad tan especialísima como la frontera de un territorio, de una población, de una idea, frente a un enemigo exterior.
La seguridad pública interior se confía a distintos colectivos, todos ellos englobables bajo la definición de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad dentro de un Estado. La Constitución Española de 1978 habla de la seguridad ciudadana como la especialidad de la seguridad pública que esos colectivos tienen como misión proteger (art. 104), pero lo cierto es que también tienen la encomienda, aunque la Constitución se refiera a ello de forma puntual, del orden público, de modo que su alteración, salvo que sea fruto de una invasión exterior, está confiada al Cuerpo Nacional de Policía, a las policías autonómicas, donde existan y a la policía local y a la Guardia civil, en su caso y según supuestos.
Hay entorno a esos grupos, organizados o no, depende del caso en torno a la idea de jerarquía militar, una constelación de cuerpos que también tienen a su cargo la salvaguardia de la seguridad, siquiera sea la del entorno vital del ser humano, en una vuelta de tuerca realizada bajo el convencimiento de que los recursos son limitados y la regeneración de la especie casi exponencial. La seguridad de pervivencia de la humanidad se impone también como trasunto del instinto básico de todo ser vivo.
Y así las cosas ¿qué pedirles a esos colectivos en el inicio de un milenio que resulta cuanto menos incierto en la evolución de muchas de sus estructuras? Para empezar, la asunción de una evidencia: la separación entre lo público y lo privado es cada vez más una cuestión conceptual, pero no práctica. Porque la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el entorno natural (sobre todo en lo que se refiere a la prevención o paliación de catástrofes naturales), la utilización en el ámbito de la seguridad privada, de personal que ha sido o incluso sigue siendo de la seguridad pública, y el hecho de que cada vez se recurra más a la utilización de los recursos de aquélla para paliar las carencias de efectivos en ésta son sólo algunos síntomas de dicha interrelación.
Pero la principal exigencia que a unos y a otros, en los respectivos ámbitos y con la necesaria coordinación, se les va a exigir de forma creciente es la capacidad de adelantarse a las contingencias de riesgo. Si en algún momento de la historia del Estado de Derecho se dio por sentado que nada podía poner precio a la libertad y a la intimidad, desde luego tal momento no es el presente. Inducir la elección ha sido fácil con las recientes masacres fruto de atentados terroristas en nuestro mundo occidental. La seguridad, que otrora fue una necesidad secundaria, derivada de la eventual criminalidad cotidiana, de ciertas irregularidades fruto del desarrollismo, hoy se vive como una exigencia radical y como la consecuencia del Estado del bienestar mismo. ¿Cómo cabría disfrutar del nivel de vida asumido en nuestro contexto social, teniendo miedo? El miedo a perder lo poseído (desde la bolsa hasta la vida, pasando por la salud o el paisaje) genera la verdadera demanda a los profesionales de la seguridad: la prevención. Sucedido el evento dañoso sólo queda la venganza, y entiéndase por tal la pena impuesta a quien lesiona los bienes poseídos. Pero la venganza, que puede resarcir a algunos y en parte o del todo, no es comparable a la eventualidad de que el riesgo no exista.
Así que se les pide a policías, bomberos, guardias jurados o agentes rurales que no pase nada. Para empezar no es poco. Después, en el supuesto secundario de que así la contingencia se diera, quedan los paliativos, por dentro y por fuera. Es obvio que en tales misiones la formación continuada de todos los agentes de la seguridad es absolutamente necesaria, previendo en cada caso la proporcionalidad entre la intervención en los derechos y libertades individuales y los objetivos de seguridad requeridos. Para ello es preciso que cada comunidad conozca cómo valora en cada momento el binomio libertad-seguridad, pues se trata de un binomio en relación inversamente proporcional.
La formación continuada y su continuada deconstrucción en la plaza en que se ejerza para calibrar las partes de libertad y de seguridad que hay que colocar en el crisol Un reto para el que además se requieren centros de formación específicos en los que dar respuestas concretas y no meras referencias teóricas
2 Diciembre 2008 | 23:18
Estoy de acuerdo en que la alarma social puede ser si no condicionada sí conducida por determinados elementos sociales con intereses ideològicos. También estoy de acuerdo en que hay límites a la seguridad pública y que a ésta se le ha de exigir una nueva forma de trabajar con resultados óptimos. Más de acuerdo aún estoy en cuanto a la formació de las personas que se dedican a la seguridad pública de forma profesional.
Sin embargo no encuentro en la extensa ponencia dos verdades inegables.
- A mayor fragmentació de las administracions públicas mayor número de cuerpos policiales y más duplicidades. Cada político desea su propia guardia pretoriana sufragada por el contribuyente. A más cuerpos policiales, menos coordinació y menos eficiencia, y por ende mayor impunidad y facilidad se les brinda a los delincuentes.
- La formación ha de ser práctica en el sentido en que se ha de orientar hacia la ejecución real de la profesión. A día de hoy, el ISPC antes EPC en Mollet del Vallés forma no sólo bomberos, forestales, policias locales y mossos d’esquadra, también ahora a los profesionales del sector privado. Una forma de “educar” a los profesionales para que actuen bajo un mismo patrón y de “colocar” a muchos profesionales de otros ámbitos que reciben importantes emulentos por cuesionables lecciones vacías de contenido real y llenas de teorías y de ideología.
Allí se enseña lo que políticamente es correcto, omitiendo los puntos más delicados (y a menudo importantes) que ya se aprenderán en el servicio.
La seguidad es por su sensibilidad el paradigma de la hipocresia de la clase política. Se destina un importante presuesto a aquellas areas que reportan imagen y se recortan de aquellas que puedan ser políticamente conflictivas. Se prima la visibilidad del propio cuerpo en los medios de comunicación y cada vez más es potencia el márketing policial, porqué lo que importa es la sensación de la seguridad que perciba el ciudadano, no el resultado real del trabajo de los profesionales dedicados a esta important tarea.
He aquí pues lo que NO he encontrado en su exposición. La formación, la transparencia y la sinceridad en los políticos que gestionan la seguridad sin que se propugne la tecnocracia, facilitaría el éxito de ese mandato constitucional. Es decir, antes que preocuparse por la evidentemente necesaria formación hay que disponer de dirigentes suficientemente capacitados y liberados de presiones ideológicas y partidistas.
Me permito recordar que la ley de seguidad pública de Catalunya refleja la aspiración del político que desea nombrar a dedo al jefe/a de la policía y que éste/a cese cuando lo haga el político que lo nombró.
2 Diciembre 2008 | 23:18
Estoy de acuerdo en que la alarma social puede ser si no condicionada sí conducida por determinados elementos sociales con intereses ideològicos. También estoy de acuerdo en que hay límites a la seguridad pública y que a ésta se le ha de exigir una nueva forma de trabajar con resultados óptimos. Más de acuerdo aún estoy en cuanto a la formació de las personas que se dedican a la seguridad pública de forma profesional.
Sin embargo no encuentro en la extensa ponencia dos verdades inegables.
- A mayor fragmentació de las administracions públicas mayor número de cuerpos policiales y más duplicidades. Cada político desea su propia guardia pretoriana sufragada por el contribuyente. A más cuerpos policiales, menos coordinació y menos eficiencia, y por ende mayor impunidad y facilidad se les brinda a los delincuentes.
- La formación ha de ser práctica en el sentido en que se ha de orientar hacia la ejecución real de la profesión. A día de hoy, el ISPC antes EPC en Mollet del Vallés forma no sólo bomberos, forestales, policias locales y mossos d’esquadra, también ahora a los profesionales del sector privado. Una forma de “educar” a los profesionales para que actuen bajo un mismo patrón y de “colocar” a muchos profesionales de otros ámbitos que reciben importantes emulentos por cuesionables lecciones vacías de contenido real y llenas de teorías y de ideología.
Allí se enseña lo que políticamente es correcto, omitiendo los puntos más delicados (y a menudo importantes) que ya se aprenderán en el servicio.
La seguidad es por su sensibilidad el paradigma de la hipocresia de la clase política. Se destina un importante presuesto a aquellas areas que reportan imagen y se recortan de aquellas que puedan ser políticamente conflictivas. Se prima la visibilidad del propio cuerpo en los medios de comunicación y cada vez más es potencia el márketing policial, porqué lo que importa es la sensación de la seguridad que perciba el ciudadano, no el resultado real del trabajo de los profesionales dedicados a esta important tarea.
He aquí pues lo que NO he encontrado en su exposición. La formación, la transparencia y la sinceridad en los políticos que gestionan la seguridad sin que se propugne la tecnocracia, facilitaría el éxito de ese mandato constitucional. Es decir, antes que preocuparse por la evidentemente necesaria formación hay que disponer de dirigentes suficientemente capacitados y liberados de presiones ideológicas y partidistas.
Me permito recordar que la ley de seguidad pública de Catalunya refleja la aspiración del político que desea nombrar a dedo al jefe/a de la policía y que éste/a cese cuando lo haga el político que lo nombró.