Mercadeando con el miedo
Imprimir | EnviarNo creo en el azar. El asunto de los sellos (importante para los afectados, como no puede ser de otro modo) se me antoja una cortina de humo, pues la irregularidad existía, fue denunciada mucho tiempo atrás, y en cambio se hace pública justo al día siguiente de la primera sentencia sobre detenciones ilegales con tufo político desde el caso Marey. Casos como el de José Bono perjudican a toda la clase política por igual, pero a la sombra de esa realidad poco conocida y valorada, quienes mueven sus hilos se pueden aprovechar del miedo con propósitos inconfesables y quizá por ello los que ahora son titulares de esos hilos (partidos y medios simpatizantes) han hecho poca referencia al dato. Si la acusación de contaminación ideológica de la policía en ese se vio sepultada por los sellos, menor distracción cabe en el tema de los asaltos violentos que se han producido recientemente en Cataluña; la gestión del miedo queda al albur de los medios, pero hasta un cierto punto.
Presupuesto de todo el drama es el abismo existente entre la cultura popular de la libertad personal y su valoración legislativa, que lastra la actuación policial de raíz. Detenciones que son ilegales por el incumplimiento de una formalidad poco relevante se pueden convertir en años de prisión para un policía por el mero hecho de ser agente de la autoridad, mientras se hallan tipificadas en el código penal conductas de funcionarios públicos de mucha mayor gravedad cuya sanción es proporcionalmente ínfima. No defiendo la irregularidad, pero la libertad personal en nuestra legislación sigue arrastrando una cosmovisión justificable en los tiempos de Juan Sin Tierra, y que beneficia al malo.
Se habla mucho más de la contaminación política en la judicatura que de la que existe en la policía, y sin duda ambas existen, pero en el caso de esta última, su dependencia orgánica del ministerio del interior la hace más consistente y ejercible. Las pruebas en el caso Bono permitieron al tribunal cuestionar el mito de su adscripción conservadora, pseudofascista, o represora, y constatar en cambio que su actuación estuvo teñida por la voluntad de creer que los detenidos eran culpables de los hechos que se les imputaban. Apostaría que a buena parte de la ciudadanía le sorprendería mi insinuación sobre el color político dominante en la policía, pero es evidente que este tipo de situaciones avala la necesidad de que se configure de una vez una policía judicial que pueda verse libre de la influencia directa del ejecutivo en tareas tan “comerciales” como la gestión del miedo. Analicemos el caso de los asaltos.
La proporción de policías por habitante en España es una de las más altas de Europa, con el coste económico que ello supone y que impide su crecimiento al ritmo de la demanda, pues sufragar un policía equivale al menos al doble de lo que cuesta un guardia de seguridad privada. Cataluña, a pesar de las manifiestas carencias del despliegue autonómico, se encuentra, ahora que todavía no se han marchado todos los agentes de los cuerpos estatales que han de ser sustituidos, en la situación más absurda de su historia: hay más policías que nunca, y la alarma se dispara hasta la desmesura. Las autoridades catalanas, con una más que cuestionable voluntad de configurar un modelo policial catalán que excluyera la participación de policía nacional y guardia civil, percibe de pronto la inacción de los que quedan, incluso en los lugares en los que el despliegue aún no se ha consumado. Su corta experiencia y la falta de coordinación con la policía local, amén de la inveterada costumbre de todos los cuerpos policiales de no compartir los datos de que disponen, consuma la tragedia en zonas tan heterogéneas como el norte de la provincia de Barcelona y una amplia zona de la provincia tarraconense. Así que Cataluña, que ni siquiera cuando los estatales se vayan estará infradotada de recursos policiales, menos ahora, sufre los asaltos violentos por parte de bandas organizadas y sofisticadas que asocian sin asomo de discriminación, extranjeros (inmigrantes o no) y autóctonos con ganas de aprender.
Y entonces llega un contingente de salvadores guardias civiles, aportados por el gobierno central, y vuelve el escándalo: para los medios filogubernamentales el problema es paliado por la policía autonómica; en los contrarios empieza la burla por el hecho de que la nación catalana en ciernes pida ayuda al benefactor Rubalcaba. Entre la soberbia de unos y la de los que quieren ahogarla, el ciudadano de a pie, bamboleado por la información sesgada, ignora el final de los que le atacaron (prisión o repatriación, en el mejor de los casos), pero peor aún, no sabe si su miedo se ha fraguado en la máquina espantosa del poder. Porque una policía judicial, puesta estrictamente al servicio de los jueces, no le interesa ni a la izquierda ni a la derecha. El control que ejerce el ejecutivo resultaría entorpecido si unidades policiales concretas se desprendiesen de manera efectiva de su dependencia orgánica del ministerio de interior. Una vinculación opaca, más incluso que la del ministerio fiscal. Su cercanía a quienes dirigen el Estado permite mercadear con el miedo para poder criticar partidistamente la actuación del policía o del juez es una tentación insalvable para los que gobiernan y para los que pretenden hacerlo.
