Si hoy es miércoles, esto es Bélgica
Imprimir | EnviarUn reputado historiador decía hace poco que el alma de un partido político no cambia en dos años. Se refería a ERC y al modo en que deberá afrontar ahora el dilema entre la estrategia política, los sentimientos frustrados y la querencia al poder, pero creo que debería extenderse la reflexión al PSOE, ya que sus cambios desde posiciones anteriores y contemporáneas a las dos legislaturas del PP han propiciado el giro copernicano en la concepción territorial del Estado que es, para desespero del ciudadano, casi el único motivo de discusión presente.
Maragall incluyó la reforma del Estatuto en su programa electoral y Zapatero afirmó que aceptaría lo que el Parlamento catalán aprobase. No sabían que poco después serían llamados a gobernar y a hacerlo en alianza con partidos que no comparten gran parte de su acervo ideológico. Por todas esas eventualidades un aparato político que había aprendido en la oposición lo que no debe dejar de construir cuando gobierna, se puso a trabajar en hacer de la necesidad virtud, es decir, evitar que el órdago diseñado para dañar a otro estallase en sus manos, conseguir la credibilidad propia y el descrédito inapelable del enemigo. El texto salido de la Comisión constitucional me induce a recordar que la sabiduría consiste en conocer el alcance de lo que se desea y, añadiría, ante la ausencia de gobernantes sabios, la responsabilidad de los gobernados de buscar o generar alternativas.
Nunca imaginé a Alfonso Guerra capitaneando un órgano parlamentario en el que se acordase otorgar el mismo significado jurídico a “nación” y “nacionalidad”, que dotase a los “derechos históricos”de Cataluña de una normatividad equiparable a la de la Constitución, o que diese rango estatutario a incorrecciones acuñadas en el ámbito legislativo catalán, como lo es hablar de símbolos “nacionales” de Cataluña. Tampoco pensé que pasaría la Comisión lo que, aun siendo llamado Consejo de Garantías Estatutarias, es un Tribunal Constitucional catalán que, además de construirse más allá de la unidad jurisdiccional, tiene como función la tutela de los derechos que el Estatuto consagra frente a los actos de los particulares y las normas de los poderes públicos catalanes, dando así a entender que el resto de los jueces, el Tribunal Constitucional incluso, no son suficiente garantía para nosotros, los catalanes. Puedo entender que lo pida ERC, pero no que lo acepte el PSOE. Aunque la máquina socialista asimilase a CiU, provocase la pleistocenia al PP y ridiculizase las estridencias de ERC, pensé que el riesgo que para la convivencia podía significar el texto aprobado en Cataluña induciría al PSOE, en beneficio de todos, pero sobre todo de su electorado, a eliminar lo que en él era menos transigible, su voluntad de ser la Constitución de Cataluña. Y es que más allá de los símbolos, el acuerdo del 30 de septiembre versaba también sobre la bilateralidad de las relaciones entre Cataluña y España, la determinación de decir desde Cataluña lo que las Cortes pudieran hacer a partir de entonces con su competencia sobre la legislación básica, la fabricación de un elenco de derechos redundante con la Constitución o directamente hostil (con los españoles, incluidos los catalanes) y una voluntad imposible de anteponer el Estatuto a la LOFCA con un sistema de financiación cuya generalización se aplaudía a escondidas en Madrid, Baleares, o Valencia.
Tras la Comisión, algunas extremos han sido rebajados, pero en lo que atañe a la voluntad constitucional del texto, los cambios son más bien formales: las delegaciones catalanas en el extranjero serán oficinas, y el derecho a morir será ahora un derecho a vivir la propia muerte; ya no se dice que las bases son meros principios que el Estado enuncia pero se sigue estableciendo desde el Estatuto lo que no es base; y por más que dependa de la Ley orgánica del Poder judicial el papel que haya de jugar en Cataluña el Tribunal Superior de Justicia o el acuñado Consejo de Justicia de Cataluña, en la redacción se relega el Tribunal Supremo al solo papel de unificador de doctrina, y se crea un alter ego catalán para el Consejo General del Poder Judicial. Y aunque se justifiquen en el supuesto mal hacer de todos los gobiernos habidos desde la transición, los métodos utilizados para “blindar” el Estatuto frente al Estado chirrían técnica e incluso estéticamente; no es broma: la lingüística estructural se basta para concluir que en el Estatuto, incluso después del “filtro Guerra”, las mujeres no somos personas. Y la intención del texto tiene en la desconfianza su razón de ser y en ciertos expedientes, el efecto perseguido: en Cataluña no hay derecho a recibir la enseñanza no universitaria en castellano, pero sí a denunciar que en un negocio abierto al público los rótulos y los dependientes no se expresen en la lengua propia del territorio; la memoria histórica que el Estatuto regula hace de Cataluña un símbolo de la resistencia y la lucha por las libertades. Vamos, que menos los traidores que, como yo, dicen que este Estatuto no es recomendable ni siquiera para Cataluña, sólo los catalanes son, por la fuerza del lenguaje y como diría Serrat, “en el buen sentido de la palabra buenos”.
A la Comisión hay que agradecer que depurase los extremos que permitían a algunos, aun con la burla de otros, habar de poligamia. Pero los temas prácticos, cuyo encaje en el Estatuto no era imprescindible y que tanto protagonismo han alcanzado en estos días, continúan oscuros. Cuando se produjo el pacto del 21 de enero, tal vez ni sus protagonistas sabían qué poder económico (el que gravita sobre Mas o el que condiciona a Zapatero) definirá el destino aeroportuario de Cataluña, si se me permite utilizar la parte por el todo. Era obvio. En llegando al dinero, la capacidad real del poder político para definir el contexto es pequeña. Pero también estoy convencida de que los actores económicos intuyen ya que ciertos efectos colaterales del puro juego político son a estas alturas de la película impredecibles, porque algunos partidos tienen una estructura atípica, pero también porque en el texto se mantienen ciertas inconstitucionalidades, ha aumentado la confusión jurídica (allí donde la negociación ha consistido en unir mediante comas lo que para cada uno era irrenunciable) y, sobre todo, permanece la inconveniencia emotiva del proyecto.
Aquí será presentado como una gran victoria del catalanismo posibilista frente a la cerrazón central; allá, como la fórmula de encaje de la España plural en una Constitución solidaria y abierta a la generalización del proceso a todas las Comunidades sin que por ello se resienta la unidad. Mi opinión es que aunque lo pactado es poco relevante desde el punto de vista de la mejora del autogobierno en Cataluña, es desaconsejable para la gobernabilidad de España: la mayor parte de las cesiones que se afirman realizadas en pro de un proyecto federal se hacen depender de una legislación estatal que el actual gobierno tal vez active ahora para la satisfacción inmediata de Cataluña, pero que generalizadas llevarían a la bilateralización de todas las relaciones del aparato central con las Comunidades Autónomas (confederarían en cierto modo el Estado), dejarían en manos de cada uno de los territorios ciertos significados de las instituciones que son de todos, y, lo más grave, generarán, en todo caso y más si las Comunidades autónomas optasen por modelos distintos, una conflictividad competencial mucho mayor que la que ya ha existido hasta la fecha y que, sobre todo en determinados momentos, no fue precisamente poca. En suma, la mayor gravedad se produce justamente por lo que no da y parece dar el Estatuto, aunque el perjuicio sólo se verá con el tiempo y será para Cataluña del mismo calado que para el resto de España, si no más. Y es que es sabido que tanta frustración se genera como ilusión se tiene.
En el país en que un partido político (o quizá más de uno) parece no haber digerido la derrota electoral de hace dos años, un Estatuto se empeña en recordar que Cataluña perdió hace casi tres siglos en su apuesta por un conflicto sucesorio, y en afirmar que una guerra civil y cuatro décadas de secuela ignominiosa son patrimonio personal de algunos. La memoria histórica frente a la transición… Pero no es, como asegura Aznar, la balcanización el peligro que corremos. En la Europa que ha dicho no a su Constitución, los Estados sobrevivirán todavía mucho tiempo, incluso al malquerer. Ayer se acordó el texto que ha de entrar en las Cortes para vestirse de ley orgánica. Hoy es miércoles, y éste es un país con vocación de Bélgica, allá donde en dos comunidades muchos han llegado a odiarse tanto como para negar al de la otra hablarle en una lengua que conocen. Sin duda me dirán que aquí no será así aquellos que también aseguran que no hay reforma constitucional encubierta en la jugada, y he de advertir, por si alguien sospecha lo contrario, que estoy con quienes piensan que hay, para Cataluña y España, un futuro común y vigoroso alojado al amparo de la única patria posible en la modernidad, que es la Constitución. Pero respecto de los riesgos que en el momento actual vamos corriendo, y antes de maldecir lo que les digo, léanse el texto, no dejen que alguien les explique de qué va, acometan su deber ciudadano y luego decidan si durante este rato les he estado contando un cuento.
