Tras la cortina, el caso Bono
Imprimir | EnviarNo creo en la casualidad, y así el asunto de los sellos (importante para los afectados, como no puede ser de otro modo, pero insulso hasta la exasperación en cuanto a su alcance político) se me antoja una cortina de humo. Si la irregularidad existía y fue denunciada desde mucho tiempo atrás, ¿por qué sale a la luz justo en el momento en que se hace pública la primera sentencia sobre detenciones ilegales con tufo político desde el malhadado caso Marey? Incidentes como el caso Bono perjudican a toda la clase política por igual y a casi nadie le interesa que se aireen, pero lo cierto es que sólo ha pasado la noticia con más pena que gloria por los telares mediáticos más empáticos con el socialismo. Tal vez a ellos menos que a nadie convenga que se aborde de una vez el verdadero sesgo ideológico que los cuerpos de seguridad españoles han ido acuñando en veinticinco años de democracia. Vivimos en el mito político, alimentado por ciertas castrenses salidas de tono, de que la policía constituye una reserva espiritual del franquismo. Pero es sólo eso, un mito que debería desmontarse a favor de una higiene mental cada vez más necesaria. Examinemos la piedra antes de lanzarla.
Para empezar afirmo que debería reconsiderarse el abismo existente entre la cultura popular de la libertad personal y su valoración legislativa. No es éste el único caso que conozco en que privaciones de libertad irrelevantes y banales, se convierten en entradas en prisión para personas irreprochables en cualquier otro aspecto de su vida. No conozco a los condenados, pero sí a otros muchos policías, y sé que juegan a menudo en una estrecha línea de maniobra que hace muy difícil proteger a las personas y mantener la exquisitez formal. No defiendo en absoluto la irregularidad, pero quiero recordar que se hallan tipificadas en el código penal conductas de funcionarios públicos de mucha mayor gravedad y cuya sanción es proporcionalmente ínfima. Se suele criticar la actuación judicial que evita la prisión preventiva, pero es la ley la que impone criterios muy restrictivos para la supresión de libertad de quien goza de la presunción de inocencia mientras no sea condenado. Un lego en derecho no puede entender que quien detiene de forma irregular no a una sino a cinco personas pueda recibir la misma condena que quien comete un asesinato. Y muy dudoso se me antoja el derecho al tercer o cuarto grado del psicópata o el violador a los que la estadística otorga un cien por cien de probabilidades de reincidir. En todos esos casos el problema no es del juez, es de la ley, una ley de la que se puede afirmar sin temor a errar, que se configura hoy como de las más garantistas de Europa, aunque sólo lo sea para el reo, no para la víctima. En temas como la libertad personal nuestra legislación sigue arrastrando una cosmovisión que tenía sentido en los tiempos de Juan Sin Tierra, pero no, por fortuna, en esta edad adulta del Estado de Derecho.
En ese contexto la sentencia de la Audiencia provincial de Madrid, que condena a un comisario y un inspector del cuerpo nacional de policía, recoge con precisión digna de mejor juicio la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre la libertad personal en relación con la detención ilegal. Pero sobre ella la valoración ha sido muy distinta según el bando político del que partiese: o estábamos ante “un juez condicionado haciendo de nuevo uso de la justicia en favor de intereses espurios” o ante “un escándalo con escasos precedentes, de politización de un cuerpo de seguridad” Pero ¿qué datos son objetivos? La detención, en efecto, fue ilegal, pero es que así suele actuar con asiduidad e ignorancia de la ley parte de la policía. Porque privar de su libertad a quienes por propia voluntad se personan en las dependencias policiales, como fue el caso de los dos militantes del PP, carece de sentido, y como no justificado la Constitución lo condena. En tales circunstancias la detención no debe producirse, salvo que tras la declaración, quienes practican las diligencias decidan ponerlos a disposición judicial. Pero con anterioridad a ese momento, sólo cabía (se recuerda en la propia sentencia, lo saben bien los jueces de instrucción y debería saberlo la policía) tomarles declaración sin detenerlos. Para ello existe un formulario de declaración de derechos específico del no detenido. Aunque se conoce más en la cultura popular el modo de actuación propio de la policía estadounidense, la detención era ilegal de raíz, a lo que se añade que además fue arbitraria y que se destruyó el primer atestado para sustituirlo por uno más conveniente, añadiendo la falsedad documental. Como el agente 16.444 fue apartado cuando se negó a practicar la detención, el asunto acabó teñido de coacción. Un desastre, porque hay muchos policías como él, pero también hay tantos otros que practican la detención ilegal y no son siquiera conscientes. Luego están, por supuesto, los que lo saben, pero aún así lo hacen. Yo afirmo que son los menos, que quede claro, pero colocados en contacto con material sensible, estallan como si de un explosivo se tratase.
Pero ¿por qué se afirma, según el lugar de observción, que la contaminación política del caso es policial o judicial? Las pruebas permiten al tribunal cuestionar el mito de la adscripción conservadora, pseudofascista, o represora de la policía, como corrobora el modo arbitrario y comisarial de actuar sobre los dos detenidos, no dos adalides del progresismo, sino dos militantes del partido estatal conservador. La sentencia analiza los hechos a la luz de los testimonios que obran en autos, y que nadie ha cuestionado. Todo hubiese sido mucho más transparente, si se hubiese al menos interrogado al ex ministro involucrado, pero basta leer expresiones como “si el ministro lo dice, eso no se cuestiona” o las declaraciones “premonitorias” del delegado del Gobierno a la prensa, para darnos cuenta de que su actuación estuvo teñida por la voluntad, que contaminó la creencia, de que los dos detenidos eran culpables de los hechos que se les imputaban. Nada que ver, por cierto, con el caso reciente y todavía sub iudice, de los dos militantes de IU que alardearon de republicanos ante el rey, pues es sabida la trasversalidad social y política del monarquismo.
Apostaría sin riesgo que a buena parte de la ciudadanía el color político que insinúo para la policía le puede parecer sorprendente. Sin duda este tipo de situaciones avala la necesidad de que se configure de una vez una policía judicial que pueda verse libre de la influencia directa del ejecutivo en aquellas tareas que afectan tan frontalmente los derechos de las personas. Las reclamaciones ante el Defensor del Pueblo disminuirían, y sentencias como ésta quedarían al margen de la instrumentalización política de los comentaristas, siempre prestos a deslegitimar un poder judicial que estoy convencida de que no conocen por dentro. Porque lo que ha resultado de la voluntad de minimizar el caso es el reparto homogéneo en todos los medios de comunicación afines al gobierno, de un par de consignas: la sentencia está teñida de ideología conservadora y la pena que se ha impuesto a los policías es excesiva. Aunque lo primero fuera tan cierto como creo que lo es lo segundo, en el camino queda mi convicción personal de la afinidad de los mandos policiales intermedios con el color político del gobierno actual, se les permita o no afiliarse a partidos o sindicatos. También el problema planea sobre los jueces, pero el tema en sí es preocupante por otro motivo. Creo que una policía puesta estrictamente al servicio de los jueces no le interesa ni a la izquierda ni a la derecha, porque es un peligro cierto para el poder político garantizar la independencia del poder judicial. El control ejercido por el ejecutivo, contaminador absoluto de la división de poderes, sería sin duda mucho más difícil si unidades policiales concretas se desprendiesen de manera efectiva de su dependencia orgánica del ministerio de interior. Una vinculación que lo hace todo mucho más opaco, y por supuesto induce y permite la deslegitimación constante de la labor de los jueces, que muchas veces acaban cayendo en el vicio del clientelismo del que se les acusa, aunque no siempre de forma consciente. La construcción de esa policía judicial será imposible, en todo caso, sin la reconsideración contemporánea del ministerio fiscal. Todo resulta ahora demasiado cercano a los que mandan, y de ese modo criticar políticamente (en este caso y en parte, con razón) cualquier actuación del policía o del juez es una tentación insalvable para los que gobiernan y para los que pretenden hacerlo.
21 Junio 2009 | 16:35
La agresión a Bono fue un típico caso de matonismo derechoso.
La izquierda tiene un impulso linchador colectivista
y la derecha tiene un impulso matón, más individualizado.
Pero es la misma M.